- Sergio Carmona Angulo construyó un imperio aduanero controlando el flujo de combustible en la frontera norte, sustentado en una red corporativa y presunta protección institucional.
- Investigaciones periodísticas vinculan a corporativos como Grupo Industrial Permisionario y Grupo Industrial Joser con el multimillonario esquema de evasión del IEPS y contratos gubernamentales.
- Mientras el monopolio del contrabando operaba con impunidad desde la aduana de Reynosa —administrada por familiares del empresario—, la FGR y el SAT mantuvieron una parálisis inexplicable.
Entre 2020 y 2021, el contrabando de combustible simulado dejó de ser un negocio fragmentado para convertirse en un monopolio estructurado. Las piezas sueltas del fraude aduanero encontraron un vértice articulador en la figura del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, bautizado por la prensa y las áreas de inteligencia como el “Rey del Huachicol Fiscal”. Su ascenso documenta cómo el crimen de cuello blanco se infiltra en las instituciones cuando existe un pacto de impunidad.
La red empresarial de los Carmona
El éxito del esquema no dependió de la clandestinidad, sino de una fachada corporativa robusta. Investigaciones de medios como Proceso, Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado la red empresarial utilizada por Carmona. Compañías como Grupo Industrial Permisionario, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar formaban parte de un conglomerado que, paradójicamente, obtenía contratos públicos en áreas de salud y obra pública en Tamaulipas y otros estados, mientras paralelamente operaba y financiaba la logística de las importaciones de combustible.
El modelo de negocios consistía en utilizar estas empresas formales para lavar las exorbitantes ganancias generadas por las aduanas, donde miles de pipas cruzaban diariamente evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El entramado institucional: El control de la aduana
El cuestionamiento sobre a quién protegen las autoridades encuentra respuestas en los nombramientos oficiales de la época. El huachicol fiscal de la red Carmona no burlaba a las autoridades; trabajaba con ellas.
El vínculo más evidente fue la designación de Julio César Carmona Angulo —hermano de Sergio— como administrador de la Aduana de Reynosa durante la actual administración federal. Este nombramiento entregó, literalmente, las llaves del recinto fiscal a los operadores del esquema. Con el control del semáforo aduanero y de los “vistas” encargados de las inspecciones, las pipas con gasolina y diésel cruzaban declarando falsamente ser “aceites base” sin temor a ser detenidas.
La omisión de la FGR y las alertas ignoradas
¿Qué ocultaba el Estado mexicano frente a este saqueo evidente? A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó a rastrear movimientos inusuales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía en sus bases de datos el registro de importaciones irreales, la Fiscalía General de la República (FGR) brilló por su ausencia.
Durante el apogeo del “Rey del Huachicol Fiscal”, no existió ninguna acción contundente por parte de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero para intervenir las aduanas terrestres de Tamaulipas, ni para desmantelar la red financiera de Grupo Industrial Joser. Esta inacción protegió el flujo de capital ilegal, permitiendo que la estructura creciera a un nivel tan lucrativo que pronto buscaría expandir su influencia hacia la arena política.
Con las aduanas controladas y la FGR inmovilizada, el contrabando garantizó ganancias multimillonarias. Pero este combustible debía ser transportado y comercializado. En la siguiente entrega, analizaremos cómo estas empresas logísticas pactaron con grupos armados en las carreteras, creando las “rutas del terror” y extorsionando a transportistas independientes para mantener el control absoluto del mercado.
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