El 22 de noviembre de 2021, la estructura del huachicol fiscal sufrió una sacudida que debió haber desmantelado el esquema por completo. Mientras se encontraba en una barbería del exclusivo municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Sergio Carmona Angulo, el “Rey del Huachicol Fiscal”, fue ejecutado por sicarios. Este asesinato no solo terminó con la vida del principal articulador del contrabando aduanero, sino que dejó al descubierto la vasta red criminal, corporativa y política que operaba bajo el amparo del Estado.
Las pruebas de la colusión: El celular y las libretas
La muerte de Carmona fue un error de cálculo para la red de protección institucional porque, de un momento a otro, la evidencia del fraude quedó expuesta. Reportajes de investigación e información filtrada por agencias de seguridad revelaron que el empresario previó un atentado. Testimonios documentados indican que, poco antes de su asesinato, Carmona entregó su teléfono celular y libretas de contabilidad a su hermano Julio César (entonces administrador de la aduana de Reynosa), quien posteriormente huyó a Estados Unidos para convertirse en testigo protegido.
En esos dispositivos y documentos reposaba la verdadera “caja negra” del huachicol fiscal: transferencias bancarias internacionales, registros de depósitos, bitácoras de vuelo en aviones privados prestados a dirigentes partidistas como Mario Delgado, y la lista detallada de los recursos inyectados para presuntamente financiar campañas electorales en entidades clave del norte y pacífico mexicano, como Tamaulipas, Sinaloa y Nayarit.
La inacción deliberada de la Fiscalía General de la República
Con el homicidio de Carmona y la existencia pública de las libretas y el teléfono, la Fiscalía General de la República (FGR) tenía los elementos probatorios necesarios para iniciar la mayor investigación por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada del sexenio.
Sin embargo, frente a la flagrancia financiera, la FGR hizo exactamente lo opuesto: paralizó cualquier intento de justicia. No se ejecutaron órdenes de cateo contra las empresas fachada del conglomerado Carmona (como Grupo Industrial Permisionario), no se rastrearon las cuentas bancarias que movieron miles de millones de pesos evadiendo el IEPS, y, sobre todo, no se citó a declarar a ninguno de los funcionarios y políticos documentados en las bitácoras de los aviones privados del empresario.
¿A quién protegía este silencio institucional? Al congelar las carpetas de investigación, las autoridades federales garantizaron que el escándalo se limitara a un asesinato local en Nuevo León, evitando que la investigación escalara hacia los beneficiarios finales del dinero ilegal incrustados en los gobiernos estatales y federales.
La sucesión del imperio criminal
La ceguera de la FGR y el SAT tras la muerte de Carmona permitió que la maquinaria del huachicol fiscal no se detuviera ni un solo día. Lejos de colapsar, el negocio aduanero simplemente cambió de gerencia. Las rutas en Tamaulipas, las empresas factureras y los contactos políticos fueron heredados por nuevos operadores logísticos e intermediarios que, aprendiendo de los errores de su antecesor, sofisticaron el lavado del combustible apoyándose en un manto de impunidad garantizado.
En la siguiente entrega, profundizaremos en la evidencia que más incomodó a la clase política: las bitácoras de vuelo. Analizaremos cómo los aviones comprados con dinero del contrabando se convirtieron en el medio de transporte favorito de las cúpulas del poder.
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