- La defensa reportó que la FGR no entregó la totalidad de los tomos ordenados por una jueza federal.
- Persisten documentos testados y falta de acceso pleno a la carpeta original, según el equipo jurídico.
- También se señala omisión para fijar fecha de diligencias clave solicitadas por la defensa.
Ciudad de México, 28 de enero de 2026.
La defensa jurídica del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del Contralmirante Fernando Farías Laguna informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio cumplimiento íntegro a la orden emitida por una jueza federal respecto a la entrega completa de la carpeta de investigación.
De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, al acudir a la Fiscalía para dar cumplimiento a la resolución judicial, la autoridad ministerial entregó únicamente cuatro de los seis tomos pendientes, pese a que el mandato judicial establecía la entrega de los 20 tomos que integran el expediente, completos y sin testaduras en su versión original.
Entrega parcial y acceso restringido
La resolución judicial previa había ordenado que, aunque las copias pudieran contener testaduras justificadas, la carpeta original debía ponerse a disposición de la defensa sin información cubierta.
Sin embargo, según lo reportado por el equipo legal, la Fiscalía mantiene una entrega fragmentada del expediente y no ha permitido el acceso pleno a la versión original de la carpeta.
Diligencias pendientes
La defensa también señaló que el Ministerio Público Federal no ha fijado fecha ni hora para que puedan recabarse las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal.
De acuerdo con lo informado, dichos analistas habrían referido la existencia de un supuesto video relacionado con la investigación, material que —según la defensa— no ha sido puesto a su disposición.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido posicionamiento público adicional sobre estos señalamientos.
Un proceso bajo supervisión judicial
El caso se encuentra dentro de la causa penal 325/2025 y forma parte de una investigación que ha generado atención pública en el contexto de indagatorias vinculadas al llamado huachicol fiscal.
La controversia actual no se refiere al fondo de las imputaciones, sino al cumplimiento de obligaciones procesales y al acceso a la información necesaria para el ejercicio de la defensa.
Lo que sigue
El despacho defensor informó que continuará promoviendo las acciones legales correspondientes para que se cumpla lo ordenado por la autoridad judicial.
El desarrollo de este episodio podría derivar en nuevas audiencias de control judicial si se confirma el incumplimiento de la resolución previa.
Mientras tanto, el expediente permanece bajo tensión entre la obligación de transparencia ordenada por el Poder Judicial y la actuación del Ministerio Público.
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